El ABC recoge la noticia: El Juzgado advierte a la Administración de que, si no envía el expediente administrativo en el plazo de diez días, impondrá una multa coercitiva de 300 a 1.202 euros a la autoridad o empleado responsable. Esta sanción se reiterará cada 20 días hasta el cumplimiento de lo requerido.

La petición se enmarca en el recurso interpuesto por la aspirante descartada en el proceso, la doctora en Psiquiatría Mayte Lázaro, que fue admitido el pasado mayo. La especialista consideraba que el puesto ya estaba adjudicado de antemano por la Conselleria de Sanidad que dirige Carmen Montón argumentando, entre otras razones, que la comisión de valoración no entrevistó a las candidatas ni tuvo en cuenta su currículum, con experiencia en la gestión de centros sanitarios a diferencia de la senadora.

Pasados varios meses desde la admisión de la demanda, el juzgado también pide a Lázaro, representada por la abogada Carmen Blanco Picó, que la formalice o se podría proceder a suspender el juicio previsto. Un paso que precisamente está condicionado por la recepción del expediente administrativo para poder fundamentar el recurso.